Con la expedición del Decreto 415 de 2026, el Gobierno ordena pasar $25 billones de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) a Colpensiones en menos de un mes.
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¿De quién es la plata y qué pasará con este ahorro?
Estos ahorros pertenecen a quienes están cerca de jubilarse (hombres mayores de 52 años y mujeres con más de 48) o que ya se encuentran pensionados, pero que en los últimos dos años decidieron pasarse al régimen estatal.
Se estima que, entre 120.000 y 200.000 colombianos verán cómo su fondo de reserva para la vejez deja de ser gestionado por empresas privadas para quedar bajo la administración del Estado.
Bajo el Decreto 415 de 2026, el Gobierno exige un traslado inmediato: las AFP tienen 20 días para girar la mitad del capital, 10 más para el saldo restante y solo 15 días para quienes ya están recibiendo su mesada pensional.
ABC del Sistema Público Pensional
- Al pasar a Colpensiones, dejas de tener una cuenta individual para entrar a un sistema basado en semanas de trabajo.
- Expertos señalan que el Gobierno busca utilizar estos $25 billones para aliviar el déficit actual de Colpensiones, ya que la entidad gasta mucho más de lo que recibe por los aportes de los trabajadores.
- Los plazos para hacer la entrega del dinero coinciden con el calendario electoral. Analistas temen que estos recursos se usen para campañas, en lugar de ahorro real.
- La gran preocupación es si habrá respaldo para quienes se jubilen en el futuro. Si el dinero se gasta hoy para tapar deudas presentes, la sostenibilidad del sistema a largo plazo queda en duda.
- Profesionales califican el decreto como ilegal e incoherente. Argumentan que contradice la promesa inicial de guardar ese dinero en el Banco de la República para asegurar las pensiones del mañana.
¿Qué sigue ahora?
La disputa legal se traslada ahora a los tribunales. Es probable que las administradoras de pensiones demanden el decreto ante el Consejo de Estado, buscando medidas cautelares que logren frenarlo antes de que se cumpla el plazo de 20 días.
El problema es que, en Colombia, mientras un juez no dicte lo contrario, las órdenes del Presidente se deben cumplir.
En consecuencia, para cuando la justicia tome una decisión concreta, es posible que los $25 billones ya hayan cambiado de administración.
Al final del día, lo que está en juego es la confianza de millones de ciudadanos y el ahorro de toda una vida, cuya garantía está en duda de cara al momento del retiro.
