Ahora se puede elegir entre construir obras o pagar impuestos: una iniciativa que le apuesta a la reconstrucción de los daños ocasionados por el terremoto, respaldada por el Decreto Legislativo 1389 de 2026.
Lo que encontrarás aquí
¿Qué cambió con el Decreto 1389 de 2026?
Las empresas podían pagar parte de sus impuestos con obras públicas —como escuelas, carreteras o acueductos—. Aunque la Ley 1819 de 2016 solo permitía esta modalidad en municipios con conflicto armado o pobreza extrema (ZOMAC o PDET), la nueva reglamentación elimina dicha barrera geográfica.
Desde ahora, cualquier territorio golpeado por el sismo puede recibir proyectos financiados por el sector privado. Esta opción permite utilizar hasta el 50 % del impuesto de renta, siempre y cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres certifique el daño.
Te puede interesar: Llegan los pagos a damnificados: así se consulta el subsidio temporal.
¿Quiénes pueden aportar su impuesto de renta a la reconstrucción?
El beneficio no aplica para pequeños comerciantes ni ciudadanos del común. Para ser autorizado, la empresa o contribuyente debió registrar ingresos brutos de al menos $1.760 millones (33.610 UVT) durante el año gravable anterior.
Los admitidos tienen la potestad de tomar hasta el 50 % del impuesto sobre la renta que deben pagarle al Estado y destinarlo a levantar o reparar infraestructuras.
El listado de obras permitidas abarca viviendas de interés social y prioritario, centros educativos, complejos de salud, acueductos, alcantarillados, redes de energía, carreteras, puentes, aeropuertos, conectividad digital, iniciativas productivas rurales, escenarios deportivos y proyectos para la gestión del riesgo.
La ley prohíbe de forma tajante que los recursos terminen invertidos en adecuar, recuperar o mejorar bienes propios o de uso particular.
¿Cómo postularse a la modalidad de obras por impuestos para la reconstrucción?
Aprobar un proyecto de reconstrucción ya no depende de convocatorias con calendarios rígidos. A través de la Plataforma Integrada de Inversión Pública, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) habilitó un sistema de radicación constante y sin fechas límite.
En la revisión de solicitudes intervienen tres entidades:
- Entidad Nacional Competente: El ministerio encargado valida la viabilidad técnica de la infraestructura.
- El Departamento Nacional de Planeación: Tiene la misión de emitir el aval definitivo.
- La Agencia de Renovación del Territorio: Actúa como el corazón administrativo que capta y organiza los trámites.
Para garantizar resultados rápidos, las entidades están obligadas a entregar sus conceptos de viabilidad en no más de 15 días hábiles desde el momento en que se completa la postulación.
¿Cuándo se conocerán las fechas exactas?
La norma fija una cuenta regresiva con un plazo límite: el 9 de octubre de 2026. Para ese día, la Agencia de Renovación del Territorio y el Departamento Nacional de Planeación tienen la obligación de publicar el Manual Operativo junto con el calendario definitivo de inscripción.
Este documento funcionará como la hoja de ruta de la modalidad especial. Su propósito está en esclarecer los lineamientos técnicos, los procedimientos y las condiciones de entrega, bajo una regla estricta: el documento debe ajustarse estrictamente a lo que ya fijó el Gobierno, sin excederse. De hecho, para proyectos explícitos como vivienda social y prioritaria, el texto definirá los requisitos exactos para seleccionar a las familias beneficiarias.
Aprobar las obras no será un asunto al azar. El manual dictará el orden de priorización basándose en la severidad del daño, la urgencia del servicio, la cantidad de población favorecida, la madurez de los estudios técnicos y el tiempo estimado de ejecución.
¿Se puede empezar a aportar antes de octubre?
Sí. Los declarantes de renta no necesitan esperar la salida del manual para mover recursos; la ley autoriza realizar aportes anticipados a un patrimonio autónomo (fiducia), una figura que actúa como un intermediario financiero vigilado por el Estado para custodiar y administrar con precisión los recursos de la obra. Estos aportes tempranos se cargan a la declaración de renta del periodo en curso, agilizando la llegada de recursos a las zonas afectadas.
¿Cómo y cuándo perdona la DIAN la deuda?
El impuesto queda cancelado únicamente cuando la entidad competente expide el certificado de recibo a satisfacción de la obra, un proceso respaldado por la auditoría de un interventor independiente.
Con este aval, la DIAN registra el paz y salvo en la cuenta corriente del contribuyente sin necesidad de realizar inspecciones técnicas en el terreno.
¿Qué límites y garantías existen?
El Gobierno fija un tope en la cantidad de impuestos que se pueden convertir en obras. En 2026, reutiliza excedentes del programa sin pedir presupuesto adicional al país. Para evitar que las capitales o ciudades grandes concentren las inversiones, la ley exige reservar al menos el 35 % de esa bolsa a los municipios más pequeños de quinta y sexta categoría.
Para evitar abusos, la norma prohíbe financiar dos veces un mismo proyecto con otros fondos estatales (por ejemplo, con recursos de regalías y a la vez de la Subcuenta SISMO). Antes de arrancar cualquier obra, las alcaldías deben certificar que la propuesta no tiene más recursos asignados.
Con esta estrategia, el sector privado asume la realización de cada obra, elimina intermediarios y reduce la corrupción en el manejo de los impuestos.
